¿Registro de prestadores de servicios de ciberseguridad gestionada?

Más que desarrollar capacidades (defensa, explotación, y a quienes corresponda, ataque) para el ciberespacio, España necesita racionalizar urgentemente las que ya tiene. La Estrategia Española de Ciberseguridad verá la luz cuando el Gobierno considere (ojalá que cuando usted lea estas líneas ya esté publicada). Y uno empieza a pensar que este Ejecutivo lo considerará no sólo tras modificar la Estrategia de Seguridad Nacional, sino también cuando todos los actores involucrados hayan tomado posiciones orientables a la… ¡cooperación coordinada!

José de la Peña Múñoz
Director
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Mientras tanto, toca fortalecer con inteligencia el buen gobierno de nuestras capacidades de respuesta (CERTs), financiadas con dinero de los Presupuestos Generales del Estado, y afanarnos en sintonizarlas al objeto de mejor servir. Pero esta es una parte. La otra pasa por involucrar a las empresas de los sectores estratégicos. Casi todas tienen SOCs, NSOCs y CiberSOCs o han contratado servicios a prestadores externos de seguridad gestionada (MSSPs).

Lo capital aquí es que los “privados” forman parte de la ciberseguridad española (pese a que el ciberespacio sea casi infinito, y las multinacionales también). Y especialmente las compañías proveedoras de servicios de ciberseguridad gestionada, que trabajan para el sector público y privado, y cuyo activo para competir es la información que manejan sobre amenazas, ataques, vulnerabilidades, salvaguardas, modos de servicio, sectores, expertos… Tal información, ¿debería ser objeto de clasificación por el Estado? ¿Merecería la pena crear un registro de prestadores? ¿Para qué? ¿Qué requisitos deberían cumplir? ¿Quiénes los fijarían? ¿Qué se apuesta, lector, a que más de un intelectual de cualquier “gruppetto” de la “movida” asociativa está pensando en sacarse de la chistera un ente que bien pudiera llamarse, un suponer, CyberSOCs Spain Foundation? A lo mejor ya está hasta registrado.

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