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>> Doble fondo

 

 

Los entes europeos con potestad para hacer normas y los que la tienen para juzgar, no dejan de sorprender, porque, ya sea por la vía de los tribunales o por la de otros predios del macrocefálico entramado comunitario, sus decisiones son la viva expresión de que el autobús de la UE se conduce a bandazos. Y es que los legisladores, además de hacer alarde de una proverbial descoordinación y de no tener demasiada idea de la cosa digital, adolecen de poderío para conjugar con brillantez los intereses de los estados, los grupos privados y la ciudadanía, y, en consecuencia, crían normas tan malas (en fondo y forma), que al cabo el sabio juzgador las tira por tierra cuando los asuntos le llegan a las manos.


Cumplimiento de geometría variable
José de la Peña Múñoz
Director
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Y esto es lo que ha pasado con la Directiva de conservación de datos. Después de las discusiones para ver qué había que hacer, para qué, quién y cómo, de hacerla y de transponerla a los estados ¡zas! llega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la invalida, lo que debería dar pie a elaborar otro texto que deje en su justa proporción, en función de lo dicho por el TJUE, el respeto a los derechos de las personas y las funcionalidades de los instrumentos para luchar contra toda la delincuencia. Y con prisa y bien asesorados, porque está llamando a las puertas del mundo el protocolo SPDY, que lleva asociado el cifrado de todas las comunicaciones web. En román paladino, y como dice el profesor Dávila en su sección En Construcción, “Un sistema de comunicaciones a prueba de interceptaciones dificultaría mucho la acción de la ley sobre los que utilizan el ciberespacio”. De los efectos sobre la privacidad, mejor no hablar. Ni de los que tendría sobre el mercado de los proveedores de servicios de la sociedad de la información y sobre la eficacia de los sistemas de seguridad TIC al uso. Baste decir, lector, que la buena información sigue siendo poder.

 

El de la directiva antedicha no es el único frente por el que ha brillado recientemente el TJUE. Como es sabido, su popularmente denominada “sentencia Google” está causando revuelo entre defensores y detractores del “derecho al olvido”; e incluso empieza a traer de cabeza a los que están entre Pinto y Valdemoro a cuento de su aplicación. El tiempo dirá. Y la Agencia Española de Protección de Datos. Y la Audiencia Nacional.

 

Hay más novedades en el rico caladero en el que surgen las normas comunitarias. Por ejemplo, el de la propuesta de Directiva para la protección de la información corporativa confidencial y el “know how”. Un asunto crucial que podría contribuir, si se “tangibiliza” lo suficiente el valor contable del bien susceptible de ser protegido, a que el sector asegurador apueste de verdad por cubrir daños causados por ciberataques.

 

Mientras tanto, afanémonos en ganarnos honradamente la vida y pongámonos de acuerdo en, al menos, equivocarnos en lo mismo.

 

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