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A finales de octubre el polémico portavoz de WikiLeaks, Julian Assange, anunció en rueda de prensa la precaria situación de su organización, literalmente asfixiada por la falta de fondos para su viabilidad. Según él, las orquestadas acciones estranguladoras de su financiación dan al traste, al menos por el momento, con su propósito de seguir divulgando secretos oficiales.
Luis G. Fernández Editor
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Como es sabido, el fenómeno WikiLeaks, amén de su extraordinario eco mediático, también se ha erigido mayoritariamente para los profesionales de la seguridad informática en un poderoso aviso de navegantes de cara a tanto primer ejecutivo para que, usualmente renuente a aflojar el bolsillo, constatase que el valor a sus accionistas podría esfumarse con la misma facilidad con que eran sustraídas de sus empresas informaciones de valor si no habilitaba las necesarias partidas dinerarias para minimizar drásticamente el riesgo en estos escenarios.
Naturalmente, la primera de las afectadas fue la acomodada seguridad informática estadounidense, sacudida en sus cimientos por el escándalo de WikiLeaks. Entre el bochorno y no pocos tirones de oreja se ha visto conminada a replantearse drásticamente la seguridad gubernamental interna en lo referido al control del uso de privilegios sobre la información de usuarios autorizados.
Así que, a instancias del mismísimo Presidente Obama, el Gobierno de USA ha dado la orden ejecutiva de implementar importantes cambios estructurales dentro del mismo con el fin de evitar posibles futuros nuevos incidentes como el desencadenado por la iniciativa de Julian Assange y acólitos.
Dicha orden insta a que las agencias que emplean redes clasificadas deben implementar programas de prevención y detección de amenazas internas, designar a un oficial senior que supervise la protección de la información que se comparte y desarrolle auto-evaluaciones acerca del cumplimiento con estándares. Igualmente, se asignará personal apropiado a la Oficina de Protección y Uso Compartido de Información Clasificada (Classified Information Sharing and Safeguarding Office) y a la denominada Insider Threat Task Force.
También es de interés destacar que un comité directivo ejercerá toda la responsabilidad general y asegurará la rendición de cuentas por parte del nivel senior en el desarrollo e implementación de políticas y estándares de forma coordinada entre agencias.
Nunca pudo imaginar la industria de seguridad, y muy especialmente la de los fabricantes de soluciones DLP, cuán agradecida habría de estarlo a costa de la ascensión y caída de WikiLeaks.
