En el momento en el que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) –publicado finalmente el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de la Unión Europea–, entre en vigor a principios de 2018, miles de empresas europeas tendrán que contratar o nombrar, por primera vez, a un Delegado de Protección de Datos –DPO, por sus siglas en inglés– para ajustarse a los requerimientos del nuevo marco regulatorio como así se describe, precisamente, en su artículo 37.
Como bien es sabido a estas alturas, la Unión Europea insta a los bancos e instituciones financieras a implementar la nueva Directiva PSD2 a principios de 2018. Si bien los objetivos del nuevo reglamento son claros -está diseñado para mejorar la protección del consumidor, la seguridad de los servicios de pago y promover la innovación y la competencia-, las implicaciones para todos los concernidos de la industria de pagos son complejas y de amplio alcance.
En su nuevo informe “Ciberamenazas 2015 y Tendencias 2016”, el CCN constata una clara tendencia que lleva dándose desde hace varios años en la que el ciberespionaje, la ciberdelincuencia, y, este año, el ciberyihadismo, se elevan como las principales amenazas que más han desafiado a la seguridad de las estructuras gubernamentales tanto a nivel nacional, como internacional. A ello, se le une el Cibercrimen como Servicio, que ha incrementado su penetración y profesionalización.
Según apunta el informe realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en los próximos años se prevé en España, al igual que a nivel mundial y el resto de países de Europa Occidental, un incremento en la demanda de productos de ciberseguridad motivada por el aumento de las ciberamenazas, el incremento de la regulación en materia de ciberseguridad y la aparición de nuevos productos, acompañada de un mayor acceso a los mismos.
Los resultados de una encuesta mundial realizada por Kaspersky Lab, en colaboración con B2B International, en 2015, a 5.500 compañías, revela que el 68% de las empresas españolas no cuenta con un correcto sistema de protección anti-DDoS. En concreto, el informe detalla que un 24% de las organizaciones de nuestro país no posee protección de este tipo y que un 44% la utiliza solo en parte.
Symantec ha llevado a cabo una nueva investigación en la que examina el panorama global de las ciberamenazas financieras en 2015, donde los caballos de Troya llevan más de una década centrando sus ataques, especialmente, en los servicios bancarios en línea.
En la economía sumergida generada a través del cibercrimen, los atacantes han convertido su modus operandi en prácticamente un comportamiento empresarial.
El “Informe Global de Amenazas 2016” realizado por Forcepoint, en cuya elaboración la compañía se ha basado en los datos recabados de más de 3.000 millones de fuentes -en su mayoría provenientes de los sistemas de Raytheon- de un total de 155 países de Europa, Oriente Medio, Asia y América del Norte, afirma que el 25% de las incidencias que se producen en las compañías se debe a las brechas de datos a consecuencia de empleados maliciosos o intrusos “accidentales”.
El sector de la Salud representa uno de los objetivos más codiciados por los ciberdelincuentes debido a la cantidad y calidad de los datos privados que se manejan. Esta afirmación no revela nada nuevo pero los datos que se desprenden del más reciente informe publicado por Eset y realizado en colaboración con el Instituto Ponemon son esclarecedores.