El contenido del Real Decreto-ley 12/2018, por el que el pasado mes de septiembre se transpuso a la legislación española de forma tardía la Directiva NIS, no ha sentado bien a todos los colectivos concernidos. Algunos operadores de la justicia penal se sienten marginados; las organizaciones concernidas por esta legislación han visto consagrada una articulación compleja y solapada de organismos reguladores, coordinadores y sancionadores; y los expertos de la seguridad digital, en cuya cúspide se encuentran los CISOs, no están satisfechos con el impreciso papel que se atribuye a la función. Muchas de las incógnitas que plantea el texto quizá se despejen en su desarrollo reglamentario, cuya preparación está en curso a fecha de cierre de esta edición. Y mirando más allá, no hay que olvidar que aunque el Real Decreto-ley está convalidado, sin embargo se ha acordado su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad a futuras modificaciones de enorme calado.