Por su lado, el Grupo de Expertos Gubernamentales entró en más detalle sobre estas evaluaciones y recomendaciones aportando mayor claridad y orientación al respecto. También, presentó por primera vez un compendio oficial de las contribuciones nacionales sobre la cuestión de cómo se aplica el derecho internacional al uso de las TICs por los estados. Y mientras el Grupo de Composición Abierto mantuvo un enfoque más amplio, el proceso inclusivo y transparente que guió su trabajo logró anclar de manera definitiva dicho marco normativo como compromiso de todos los estados Miembros de Naciones Unidas.

El compromiso, a prueba

Este año se pondrá a prueba el compromiso de nuestros gobiernos -y sobre todo los grandes poderes- con este marco, no solamente en cuanto a su propio comportamiento, sino también en el nuevo proceso de negociación que se desarrollará durante los próximos cuatro años, firmemente anclado en los avances que se han logrado hasta la fecha con una resolución promovida conjuntamente por estados Unidos y la Federación Rusa, en diciembre del 2021.

Tal como viene sucediendo en los últimos dos años, se espera un debate difícil sobre varios temas, incluidos: el creciente número de estados que están desarrollando y desplegando capacidades de operaciones cibernéticas ofensivas; el aumento en alcance, escala, gravedad y complejidad de incidentes relacionados con el uso malintencionado de las TIC por parte de estados y actores no estatales, entre ellos los que van dirigidos a las infraestructuras críticas y a la cadena de suministro de las TIC; el aumento del uso malintencionado por los estados de campañas de información encubiertas con ayuda de las TIC para influir en los procesos políticos, los sistemas y la estabilidad general de otros estados; los efectos inesperados del uso malintencionado de tecnologías emergentes; y los temas complejos y muy politizados de la atribución y la responsabilidad. Y, a pesar de concluir en informes previos, que el derecho internacional existente se aplica a las acciones de los estados en su uso de las TICs, también resurgirá el antiguo debate sobre la necesidad o no de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para regular el comportamiento de los estados en este ámbito.

Mientras que se prestará mucha atención a las posiciones y estrategia de negociación de la Federación Rusa, será importante seguir la de la China, que seguramente buscará promover sus propuestas anteriores sobre la cadena de suministros de las TIC y su iniciativa global de seguridad de los datos, entre otras.

La complejidad en la propuesta sobre ciberdelincuencia

Otro proceso que merece atención este año es el que se iniciará este mes en el Tercer Comité de la Asamblea General sobre el tema de la ciberdelincuencia. Este también surge de una propuesta de la Federación Rusa (con el apoyo de China y otros) que llevaba años promoviendo la negociación de un nuevo instrumento vinculante y universal con el argumento de que el Convenio sobre la Ciber Delincuencia del Consejo de Europa (el Convenio de Budapest) no era representativo. Dado que la mayoría de los estados occidentales estaban en contra de la propuesta de un nuevo tratado, el proceso promete ser muy complejo, cuando no divisivo.

Y más allá de la Asamblea General, los observadores de la ONU estarán pendientes también de si los temas relacionados con las TICs y la seguridad internacional avanzarán dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta que, en el año transcurrido, Estonia, que llevaba la Presidencia del Consejo, organizó el primer debate de alto nivel sobre el tema de la ciberseguridad y la paz y seguridad internacional, a pesar de la resistencia de otros miembros del Consejo de Seguridad.

En fin, nos espera un año complejo con muchos retos, tanto tecnológicos como geopolíticos. ¿Estará la diplomacia a la altura de las circunstancias?