Un primer análisis del concepto debería al menos incluir dos casos paradigmáticos: La soberanía digital del individuo en tanto que ciudadano con derechos garantizados por un estado de derecho, y la soberanía digital del propio estado. El primer caso apunta a la relación de poder entre ciudadano y poderes públicos, mientras que el segundo alude a nuestras aspiraciones como sociedad y a la relación entre naciones soberanas en un mundo interconectado por las redes de información. Otras situaciones, que las habrá complejísimas, podrían beneficiarse de un examen de estos dos casos.

Comenzamos por la soberanía del individuo. Hace siete años un desconocido Christopher Allen utilizaba el término “Self Sovereign Identity” en su blog para referirse a la conveniencia de que el individuo controle su propia identidad digital. Este control incluiría la posibilidad de generar de manera autónoma identificadores reconocidos sin necesidad de, por ejemplo, crear una cuenta de correo con alguna macro-organización. También incluiría la capacidad de controlar la información que otras entidades tengan disponible acerca del individuo. Este concepto ha ido tomando forma a tenor de los nuevos paradigmas de descentralización basados en “blockchain” aunque, como es sabido, el problema que se pretende resolver es más un problema de gobierno que un problema tecnológico. Pero claro, si buscas financiación, necesitas un problema tecnológico. Las opciones realistas para mejorar el control del individuo sobre su realidad digital se ven aún lejanas, y en algunos casos como la reglamentación europea se plasman más en un desiderátum que en la práctica del día a día, hasta el punto que uno se conformaría con que, en el camino hacia la soberanía digital del individuo, avanzáramos en lugar de retroceder.

En cuanto a la soberanía digital de las naciones, como sucede con otras soberanías nacionales, se diluye en un mundo cada vez más interconectado y supranacional. Apuntamos a tres realidades que requieren actuaciones decididas y que pueden ilustrar la complejidad del asunto. En primer lugar, el control sobre nuestro destino como nación en un escenario en el cual la capacidad de legislar en materia tecnológica siempre queda por detrás de las necesidades. Adaptar el código penal a los nuevos delitos en el ciberespacio, modernizar las administraciones públicas, o dar seguridad jurídica a todo tipo de transacciones electrónicas son algunos desafíos para los que nuestro país se encuentra sub-dimensionado, por si no fuera suficiente reto la dificultad de entender a dónde queremos dirigirnos en estas materias. En segundo lugar la garantía a la que aspiramos, como sociedad, a una información veraz en un escenario donde el manejo informativo del ciberespacio se ejerce desde compañías extranjeras con intereses propios, que pueden ser legítimos pero no son los nuestros. Bien es verdad que el deseable equilibrio entre el control informativo y la desinformación plantea en estos últimos tiempos un desafío a todas las sociedades modernas y no solo a la nuestra. En tercer lugar, la capacidad de nuestra nación para la autodefensa en los conflictos con otras naciones, llamémoslo la “ciberguerra”, aunque el escenario de batalla sea a la vez tan sofisticado y tan poco transparente que el término guerra no resulta en realidad adecuado. Aquí cabe apuntar que la definición de nuestra capacidad de respuesta en caso de conflicto no puede en términos realistas concebirse fuera del marco de las alianzas internacionales.

Se diría que la soberanía digital es en realidad una caja de Pandora que hemos abierto hace ya un par de décadas y que no va a cerrarse. Lo único que parece poco discutible es que las naciones que mejor están enfrentando esta problemática tienen en común una inversión en I+D+i tecnológico muy superior a la nuestra. E incluso en esos casos, ni toda la inversión del mundo nos llevará a ningún lado sin un liderazgo que empiece por definir a dónde queremos dirigirnos.