Su seguro servidor... público
Escasos días antes de enfrentarme a esta tribuna resonaban aún los lamentos gallegos por el ciberataque al enésimo ayuntamiento –cómo no, vía ransomware–, por el cual los funcionarios de la entrañable Cangas de Morrazo –‘lockbit’ mediante– asistieron atónitos al cifrado de toda su infraestructura –zamburiñas de la lindante ría incluidas padeciendo el infortunio de no poder cobrar sus nóminas en tiempo estipulado, amén de ver paralizada su contabilidad y gestión tributaria. El incidente –descubierto curiosamente por la Policía local– fue trasladado pertinentemente a la entidad ciberbombera por antonomasia, el CCN, organismo recipientario de la mayoría de los rotos y descosidos digitales por la todavía abundante falta de diligencia laboral digital de ciertos servidores públicos que aún adolecen de la formación y concienciación necesarias.
Este hecho, ya lamentablemente usual, que conste
que no concierne únicamente al persistente calvario sufrido por el ecosistema público, frágil y precario, todo
hay que decirlo, sino que también lo sigue padeciendo el
privado, el cual, aunque con menos apreturas, muestra recurrente endeblez. Tal que, por ejemplo, en las susodichas
tierras de poniente, donde en esos días también emergió
la noticia de que el operador gallego R (perteneciente a
Euskaltel, a su vez perteneciente al Grupo Más Móvil) fue
igualmente zarandeado.
Con todo, el tuétano de esta sección se centra esta
vez, como bien recoge el título de la misma y por estar
en la antesala de ello, en el colectivo de los servidores
públicos, precisamente en una coyuntura singular porque
sobre ellos, mayormente, está presto a recaer un colosal
desafío: el mandato semestral europeo por el que el foco
internacional hacia España se tendrá a pleno rendimiento
durante nada menos que 184 días, y en el que habrán
de ventilarse y/o encarrilarse no pocos temas cruciales
de toda índole: intraeuropeos y de más allá, energético climáticos, geoestratégicos, bélicos, eléctricos, fronterizos
y, por supuesto, digitales.
Luis G. Fernández
Editor
lfernandez@codasic.com
Puestos a ello, en este último ámbito habrán de brillar los vinculados con regulaciones varias nítidamente cen- tradas en lo cibernético: impulso a la ley de inteligencia artificial –¿cómo equilibrar la innovación y la protección de derechos?–, el conflicto de las telecos continentales vs. big tech gringas –justo en consulta pública continental–, la ciberprotección 5G (¿se deja en el aire el veto a las tecnologías orientales?), la zarandeada privacidad ante el festín de datos europeos de los gigantes californianos y chinos...
Para llegar hasta aquí, y ya con foco neto en lo que nos concierne en ciberseguridad, queda augurar y desear un resultado halagüeño a las encomiendas que sobrevienen. Ante ello resulta inevitable –y de justicia– mentar todas esas iniciativas loables e hitos logrados en la materia, protagonizados aquí por solventes servidores públicos que, con abnegación, sudor en ristre y manifiesta precariedad –en casi todos los casos–, han venido cuajando felizmente hitos como el remozado ENS, la efervescente Red de SOC, los primeros pasos de la colaboración público privada mediante el Foro Nacional de Ciberseguridad, el prometedor programa de colaboraciòn territorial Retech... y la irradiación del buen aroma de la ciberseguridad pública española –de sí misma y de sus aliados empresariales– en tierras iberomaméricanas en pro de una malla cibersegura continental con el intercambio como enseña. Estas personas, muchas de ellas merecidas acreedoras de Premios SIC, han demostrado perseverancia, determinación y brillantes hojas de servicio.
Ahora, con la vista necesariamente puesta en acreditar una convincente presidencia española, cabe recordar el impoluto savoir faire dejado por nuestro país en tanto anfitrión de la exitosa cumbre de la OTAN de Madrid hoy hace un año, la cual transcurrió sin incidentes reseñables.
En la confianza de que los altos funcionarios españoles prolonguen con contrastada pericia este objetivo en los frentes diplomáticos y cibernéticos, la revista incluye en este número un jugoso adelanto de las actividades más reseñables con derivada en la ciberprotección a cargo de los actores públicos españoles de referencia bajo ese sugestivo titular: “Ciberseguridad europea con sabor español”.
Por cierto, tras la reciente convulsión que nos asola, en la que la política desbocada contamina el natural devenir de la función pública, parece despejarse la posibilidad de que, ya libre de trabas y de palos en las ruedas, en Madrid, –centro neurálgico incuestionable de la ciberseguridad en nuestro país– esté al caer, al fin, su Agencia de Ciberseguridad. Por cierto, su homónima vasca, la Cyberzaintza verá la luz tras el verano
