LOS DEFENSORES DEL CHIP CLIPPER

Los defensores del Clipper, en su mayoría miembros del Gobierno, creían que representaba la última oportunidad para proteger la seguridad personal y nacional contra la “creciente anarquía informática” (Internet) que fomentaba la aparición de “criminales, terroristas y enemigos extranjeros” (Todavía no habían visto la llegada de Microsoft, Meta, Google y Amazon y sus relaciones con la NSA, según Snowden). Sus partidarios presentan el chip y el depósito de claves o Key Escrow¹¹ como la solución, o al menos parte de ella, a un problema creado por la aplicación (civil) cada vez más sofisticada de una tecnología milenaria que es la criptografía.

La Criptografía, sin embargo, tiene un inconveniente: la criptografía protege por igual a quienes cumplen la ley y a quienes la violan, pero, sobre todo, a los segundos, pero eso es inevitable porque los segundos tienen mucho más que perder y no escatiman en gastos y saber hacer (know how).

Las agencias policiales y de inteligencia ya sostenían entonces y sostienen ahora que, si la criptografía fuerte es ampliamente disponible, sus esfuerzos por proteger al público se verían paralizados.

Por ello, proponían entonces y vuelven a proponer ahora, esta vez en la civilizada Europa, un compromiso fáctico, una forma oscura de neutralizar dichos cifrados. La solución de entonces era el chip Clipper, y ese compromiso fue el objeto de aquella Cripto-guerra que terminaron ganando los que se oponían. Las razones de aquel fracaso para las fuerzas de seguridad de los distintos estados democráticos siguen siendo válidos hoy en día e incluso, algunos de ellos su validez está mucho más acentuada en la actual sociedad (netamente) digital.

Volviendo a nuestros días y al escenario europeo, la propuesta de Directiva pretende “introducir la obligación de que los prestadores detecten, denuncien, bloqueen y eliminen los materiales de abuso sexual de menores de sus servicios,” con el ánimo de “mejorar la detección, la investigación y el enjuiciamiento de infracciones en el marco de la Directiva sobre abuso sexual de menores.” Por su parte Europol recibirá las denuncias de los prestadores, las verificará para evitar denunciar “falsos positivos evidentes” y las retransmitirá a las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales.

Para empezar, la propuesta es que sean las compañías privadas las que incluyan y mantengan los mecanismos de monitorización de sus usuarios a través de sus aplicaciones. En esas circunstancias, lo ingenuo es suponer que todo esto sólo se pueda llegar a hacer sólo bajo un control judicial y con las garantías constitucionales que imperan en el mayor número de estados realmente democráticos.

Todo ello, sin percatarnos de que la universalización de la medida equivale a 1) considerar todas las comunicaciones privadas “sospechosas” y que 2) un filtro (¿automático?), artefacto o algoritmo vendrá a eximirnos de cualquier “culpabilidad” si logramos superar su escrutinio. Esto y los sistemas de armas autónomos letales¹² tan probadas en la frontera de Gaza¹³, empiezan a parecerse mucho.

CHAT CONTROL, UNA POLÉMICA PROPUESTA LEGISLATIVA DE LA UE

Según la Comisión Europea, esta propuesta tiene por objeto “eliminar los obstáculos (¿cuáles?) existentes a la prestación de los servicios pertinentes en el mercado único digital” y “permitir al mismo tiempo combatir eficazmente el abuso sexual de menores en línea”.

A fin de cuentas, el “Chat Control” es una propuesta legislativa de la Unión Europea que busca obligar a las plataformas (privadas) de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Signal, o las de correo electrónico como Gmail u Outlook a escanear (¿automáticamente?) los mensajes privados de los usuarios para detectar algún tipo de material que, en principio, sólo estaría relacionado con el abuso sexual de menores de edad pero, una vez creada la oportunidad, son innumerables el número de “otras posibilidades”.

Aunque la intención declarada pueda ser considerada muy loable por algunos, está muy claro que esta medida 1) choca directamente con el principio de privacidad del usuario ya que, para funcionar, requiere que las propias apps lean (¿entiendan?) tus mensajes antes de que los envíen, 2) que invierten el principio de la prueba al considerar cualquier comunicación sospechosa y tener que quedar exento de culpa si se superasen esos filtros impuestos a toda la población, y 3) técnicamente hablando, esta propuesta de los lobbies policiales muy atendidos dentro de la Comisión Europea, es de muy dudosa realización práctica ya que tendría que “mecanizarse” qué es, por ejemplo y para empezar, “abuso sexual infantil” y eso no es algo que quede claro. ¿Cómo se haría? ¿Lo haría una persona, un juez, o una IA ya que están tan de moda? La supervisión de contenidos en todas las redes sociales es algo que ha estado muy en boga últimamente, y son muchos los ejemplos de que fracasa¹⁴ y, sobre todo, no resultan nada democráticos y/o constitucionales.

De aprobarse la norma tal y como está redactada la Directiva, lo único que se conseguiría sería establecer legalmente 1) que las empresas deben facilitar el control de facto y 2) la vigilancia preventiva de TODAS las conversaciones privadas de los ciudadanos europeos.

Este proceder es una manifestación más de que “los atacantes” no suelen romperse la crisma frente a los sistemas de cifrado modernos bien utilizados, sino que pretenden acceder a la información “justo antes de ser cifrada, o nada más después de haber sido descifrada” por el usuario legítimo, al más puro estilo de la NSA y sus relaciones con los diferentes proveedores¹⁵.